Como familiares de víctimas de desaparición forzada e institución que acompaña a las víctimas, saludamos la iniciativa que hará vinculante los derechos de las víctimas, la consideramos valiosa, pero debe ser reforzada respecto de los derechos de las víctimas de desaparición forzada y de sus familiares, que están invisibilizados y estigmatizados por la sociedad.

Los derechos que reivindicamos en esta propuesta, son derechos específicos de las víctimas de desaparición forzada y de sus familiares:

Artículo 2. Igualdad. Las víctimas de desaparición forzada deben ser incluidas dentro de la lista de grupos vulnerables y en mayor riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos, dada su evidente situación humanitaria, el abandono estatal histórico con que han sido tratados y los distintos hechos de violaciones a los derechos humanos que rodean las desapariciones forzadas.

• Se recomienda que la ley especifique que el Instituto de Medicina Legal en cumplimiento de su deber de buscar e identificar las víctimas de desaparición forzada, debe adoptar un procedimiento para contrastar las muestras recolectadas por el Banco Genético, bajo el cumplimiento de estándares forenses internacionales.

• Se recomienda que la Ley establezca el deber de las entidades estatales responsables del Banco de Datos de preservar las muestras genéticas bajo los más altos estándares de conservación.
• Se recomienda que la Ley 280 incluya el deber de sancionar la negligencia en la manipulación o preservación inadecuada de restos o cadáveres pendientes de identificación.

• Se recomienda que la ley incluya en este acápite que la entrega de los restos a los parientes afectados, debe hacerse por parte de autoridad pública, en condiciones de dignidad y respeto al significado del momento para las víctimas afectadas. La entrega de los restos debe garantizar la presencia de autoridades encargadas de la investigación o identificación Fiscalía General de la Nación, el Instituto de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo.
• Se recomienda que la ley incluya el deber del Estado de garantizar atención psicosocial adecuada y de su elección a los parientes de las víctimas antes, durante y después de diligencias de exhumación e identificación.

1. Se recomienda la creación de un Registro Nacional de Fosas (o lugares de inhumación en tierra y cuencas geográficas), aparte del Registro Unico de Desaparecidos, a cargo del Instituto de Medicina Legal, con la veeduría humanitaria del C.I.C.R..
2. Deber de informar. Se recomienda que la Ley incorpore el deber de la Fiscalía General de la Nación Unidad de Justicia y Paz y Unidad de Derechos Humanos y DIH, del Instituto de Medicina Legal y la Policía Judicial de suministrar información necesaria en su poder para la elaboración de los Mapas de personas enterradas en fosas comunes o individuales, o arrojadas en cuencas geográficas.
3. Deber de proteger las fosas. Se recomienda que la ley consagre el deber de la Fiscalía General de la Nación y del Instituto de Medicina Legal de brindar protección específica y adecuada a los sitios identificados en los mapas.

• Deber de respetar los derechos de las víctimas. Siendo un objetivo principal del proyecto de ley rendir un homenaje, se recomienda declarar Camposantos o Santuarios de la Memoria no solamente los sitios de difícil acceso geográfico o topográfico, sino TODOS los sitios donde se identifiquen fosas comunes o individuales. La declaratoria de Camposantos o Santuarios de la Memoria debe incluir garantías a las familias de las víctimas para ejercer sus derechos a la Verdad, la Justicia y la Memoria y a que sobre las víctimas enterradas se realicen diligencias de identificación sobre las víctimas enterradas.
• La ley debería incluir salvaguardas para que las fosas ubicadas sean identificadas clara y visiblemente y los lugares de enterramiento demarcados.
• Se recomienda que la ley instituya el deber de las autoridades civiles de brindar protección permanente a los Camposantos o Santuarios de la Memoria, y que esas medidas no impidan a las familias de las víctimas y a sus asociaciones llevar a cabo sus creencias religiosas y culturales.
• La ley debe garantizar la participación amplia de las familias de las víctimas y de sus asociaciones a nivel regional y nacional en los espacios de planificación, diseño y decisión de la labor de los Camposantos o Santuarios de la Memoria.

• Se recomienda que el Día sea por el Derecho a la Vida, pero además por el Derecho a la Verdad.
• Se recomienda incluir que las jornadas de homenaje sean no solo sobre al derecho a la memoria y el respeto a la vida, sino además sobre el Derecho a la Verdad y sobre la desaparición forzada de personas.