La defensa jurídica desarrollada por el general se ha concentrado en aspectos formales, que ha invocado en múltiples recursos procesales: que debería investigarlo el Ejército y no la Procuraduría, que debería aplicársele la prescripción, que el procurador delegado debería declararse impedido, que la desaparición forzada no estaba establecida como falta disciplinaria cuando ocurrieron los hechos, que no había certeza de que el cadáver encontrado en 1990 fuera el de Nydia Érika, y muchos otros planteamientos igualmente secundarios, que se han refutado o subsanado. En ningún momento el general ha encarado la responsabilidad por estos graves delitos cometidos por funcionarios bajo su mando.

El pasado 3 de marzo dos conjueces de tutela concluyeron que el general no hizo mal al esconderse en 1995, siendo comandante de la III Brigada en Cali, para evitar la notificación personal de la resolución que lo destituyó. Así, podría ganar tiempo para alegar después que la acción disciplinaria en su contra había prescrito. Es una victoria pírrica. Aun si esa tutela se confirma, lo cual no debería ocurrir, ello no borrará la responsabilidad del Estado colombiano y del general Álvaro Velandia en la desaparición de Nydia Érika Bautista, que no se ha desvirtuado.

El Gobierno debería reparar de una vez por todas esta gravísima violación de derechos humanos, tal como lo ordenó desde 1995 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Que no se dilate más la protección efectiva a las personas perjudicadas por estos crímenes, la recuperación del buen nombre de Nydia Érika Bautista y la aplicación de justicia penal en relación con quienes ultrajaron sus derechos.

* Director Comisión Colombiana de Juristas.

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