Análisis: causas y consecuencias de las desapariciones forzadas en Colombia PDF Imprimir E-mail
Escrito por Redacción   
Jueves, 28 de Septiembre de 2006 19:00
Como se desprende de los informes anuales de la OACNUDH y del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU, Colombia es uno de los primeros países en el mundo donde con mayor frecuencia se perpetran desapariciones forzadas en forma sistemática y reiterada, sin interrupción desde hace casi 30 años.

En estos treinta años, significativos avances se han logrado a nivel regional, universal y nacional con la dotación de nuevos tratados, instrumentos y jurisprudencia sobre desapariciones forzadas y derechos de las víctimas que en su conjunto constituyen una “hoja de ruta” para los Estados en el tema[1]. Sin embargo, en la práctica, las víctimas y sus familias están muy desprotegidas por parte del Estado y los esfuerzos de la sociedad civil que les acompaña no alcanzan a abarcar la integralidad del daño causado.

A continuación describimos los problemas principales en relación con las causas y las consecuencias de las desapariciones forzadas en el país.

1. Ausencia del derecho a la verdad y a la justicia

1.1. Inexistencia de mecanismos idóneos de esclarecimiento

El derecho a la verdad sobre los desaparecidos está seriamente amenazado en la actual coyuntura pues el esclarecimiento del conjunto de este crimen no hace parte todavía de la agenda gubernamental de derechos humanos y su tratamiento es fragmentado como sigue:
  • Las políticas y estrategias del Estado están enfocadas únicamente a la negociación paramilitar, olvidando los desaparecidos a manos de agentes del Estado, que han actuado solos o conjuntamene con grupos paramilitares. Entre ellos, están todos los casos de desaparición forzada fallados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que son ejemplo de la inexistencia de instancias de esclarecimiento. Todos ellos permanecen en la impunidad después de décadas de “investigaciones”, aún habiendo presuntos autores identificados en los expedientes judiciales.
  • El alcance del derecho a la verdad en el marco de la ley de Justicia y Paz y su reglamentación es muy limitado. Entre otros porque no exige a los desmovilizados informar toda la verdad sobre los desaparecidos, ni establece para los desmovilizados el deber de denuncia de toda desaparición forzada conocida con ocasión de su pertenencia al grupo. Esa normatividad exige a estas personas el deber de rendir una versión libre, pero limitada a los hechos en los que participó, excluyendo el deber de informar a la Fiscalía también sobre los hechos de que fue testigo, cometidos por otros miembros del mismo grupo o por otros grupos o personas.
  • Mientras tanto y con total irrespeto de los derechos de las víctimas, la misma norma (parágrafo, artículo 21), establece el deber de las víctimas de denunciar los delitos que conozcan, so pena de incurrir en delitos de omisión de denuncia y favorecimiento con penas de 5 años a 18 años de prisión. Así, la ley invierte la carga de la prueba poniéndola sobre los afectados y criminaliza a las víctimas.

1.2. El derecho a ser informado sobre el paradero de los desaparecidos no es una política de Estado a nivel nacional

Las familias y las comunidades afectadas por las desapariciones forzadas desconocen sus derechos y los procedimientos forenses. Tienen poco acceso a información oportuna y suficiente sobre el avance de investigaciones, diligencias de ubicación de lugares, de exhumación o identificación de víctimas, recibiéndola solo a través de sus abogados, en los pocos casos que familias tienen acceso pleno a este servicio.

La falta de información cualificada a las familias, es un inconveniente mayor en la actual coyuntura cuando se han disparado las exhumaciones en varias partes del país por parte de la Unidad Justicia y Paz. Según el conocimiento de las familias, en las actuales exhumaciones no se están aplicando procedimientos forenses adecuados y no existen protocolos de información para las familias en Medicina Legal, CTI, Fiscalía y las entidades responsables de procesar las exhumaciones.

Solo 13 restos han sido identificados de 2.500 cuerpos a exhumar según las estimaciones del Fiscal General de la Nación.

Por ejemplo, en el Departamento del Magdalena 22 restos de personas desaparecidas encontrados en una fosa común en Tucurinca, zona bananera en octubre de 2005, han permanecido en medicina legal casi un año, sin que las familias que llevaron las fotos de sus seres queridos para su identificación, tengan aún respuesta a sus preguntas. Estas familias van todos los días a preguntar a Medicina Legal, al CTI-Cuerpo Técnico de Investigación, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo. Ningún funcionario les da razón ni sobre qué están haciendo con los restos, ni cuando obtendrán resultados de las identificaciones.

Igualmente en el caso de 43 campesinos desaparecidos en Pueblo Bello en 1990 y de 19 comerciantes desaparecidos en el Magdalena Medio en 1987 -casos ocurridos hace 16 y 19 años respectivamente-, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía aún no realiza una actividad procesal seria para ubicar y recuperar los restos de las víctimas, a pesar de ser ésa falencia uno de los fundamentos de las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como consecuencia, las familias pasan años y décadas sin respuesta a su mayor necesidad: la de vivir el duelo e iniciar un proceso de rehabilitación. La Comisión Nacional de Búsqueda de desaparecidos no funciona para ninguno de los 3000 casos anteriores a su creación, en 2002.

La Ley de Justicia y Paz no establece las obligaciones de búsqueda de los desaparecidos de parte de los Fiscales encargados y deja en un limbo este aspecto sustancial, al no establecer los derechos de las víctimas a ser buscadas y de su familia a recibir los restos de la víctima.

Según testimonios de víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos no ha representado un cambio sustancial para una gran parte de familias en el esclarecimiento, búsqueda o hallazgo de sus parientes. Esto porque la CNBPD no ha funcionado para ninguno de los más de 3000 casos de desaparición forzada anteriores a su creación –incluidos los que tienen recomendaciones internacionales de búsqueda de las víctimas-, porque demoró cinco años en adoptar un reglamento, porque su actividad realizada ha sido básicamente pedagógica y teórica, porque la atención a casos denunciados ante ella ha sido muy esporádica y no ha dado respuesta oportuna y consistente a esas denuncias y porque por mandato legal la participación de las organizaciones de víctimas está restringida a una.

Tal como lo destaca el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas en su Informe de este año, sobre su visita a Colombia en julio de 2005:

“El Grupo de Trabajo observó con satisfacción que (…) avances constitucionales, legales e institucionales en este país, que lo colocan a la vanguardia en marco jurídico en materia de desaparición forzada de personas, la Constitución de 1991 (…) la ley 589 mediante la cual se tipificó la conducta criminal de la desaparición forzada y se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. (…) No obstante los anteriores avances legislativos (…) , el Grupo de Trabajo se muestra preocupado por el escaso progreso en la instrumentación y aplicación práctica de dichos ordenamientos (i.e. pocas personas, si acaso, han sido capturadas, judicializadas y sancionadas por el delito de desaparición forzada, y muy pocas víctimas de esta abominable conducta criminal han sido halladas, ya sea vivas o muertas” (Resaltado nuestro).

1.3. Injusticia en cuanto al derecho a acceder a un remedio efectivo e imparcial

El derecho a acceder a una justicia oportuna e independiente en los casos de desaparición forzada, está seriamente comprometido hoy tanto en los casos asumidos por laUnidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, como en los previstos para la Unidad de Justicia y Paz.

En cuanto a los primeros, los expedientes judiciales han demorado décadas en tramitarse, y en la mayor parte de los casos denunciados aunque se han identificado a presuntos autores, el resultado ha sido la impunidad, nuevas violaciones al debido proceso y no son pocos los casos en que la dignidad de las víctimas ha sido vulnerada dentro de los procesos judiciales, revictimizándolas y profundizando el daño moral en sus familias.

Paralelamente, la legislación que crea y proyecta reglamentar la Unidad de Justicia y Paz restringe arbitrariamente la categoría de víctimas legitimadas para recibir reparación y reduce las penas desproporcionadamente respecto de su gravedad.

En cuanto a las víctimas, que „no se presumirá que se produjo un daño a todos los familiares de la víctima“, atentando contra el principio de igualdad ante la ley, al negar que todos los familiares tienen iguales derechos (parágrafo del artículo 26).

La reglamentación de la ley de Justicia y Paz, vulnera el derecho a la justicia pues establece que una sola condena judicial por todos los hechos punibles (...) independientemente que (el autor) haya pertenecido a varios frentes“ o que haya cometido múltiples crímenes. Igualmente, excede la reducción de penas autorizada por la Corte Constitucional al asignar una pena que sería reducida a 3 años y medio, descontando 18 meses de permanencia en zonas de ubicación (parágrafo 2, artículo 17).

2. La falta de reparación del daño causado

2.1. Ausencia de atención de las consecuencias sico sociales

No existe un programa gubernamental de apoyo a las víctimas, sobrevivientes y familias de desaparecidos, como en otros delitos como secuestro, desplazamiento forzado y terrorismo.

La atención y reparación de las consecuencias sico-sociales producidas por las desapariciones forzadas que vulneran tanto derechos civiles y políticos de las víctimas, como derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los familiares de las víctimas, es prácticamente nula y está fragmentada pues no considera la integralidad del daño.

La atención que reciben las familias no considera una perspectiva de género en tanto las mujeres, viudas y huérfanos constituyen el 90% y está concentrada en lo judicial –que la reciben pocas familias y solo de la sociedad civil- quedando de lado todos los demás derechos de restitución (de tierras y bienes despojados u oportunidades productivas o laborales perdidas), de readaptación (asistencia médica, sicológica, social y laboral), asesoría legal para asuntos distintos de la desaparición pero consecuencia de ella o conexas, de medidas de reparación moral (declaraciones oficiales, monumentos, homenajes, etc.) y garantías de no repetición (políticas de prevención y depuración).

2.2. Las falencias de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación adolece de serios inconvenientes estructurales.
  • A diferencia de la mayoría de otras experiencias en el mundo la CNRR no nació de un proceso previo de esclarecimiento de la verdad del conjunto de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, que diagnosticara el daño producido a los derechos de las víctimas e identificara las causas y el universo de víctimas afectadas.
  • Su competencia y mandato de reparación está limitado a un pequeño núcleo, de un grupo de personas procesadas o condenada por crímenes de lesa humanidad. La CNRR no tiene competencia para reparar todas las violaciones contra los derechos humanos y el derecho humanitario cometidas durante el conflicto armado.
  • La CNRR sufre de falta de credibilidad, debido a que sus funciones y creación se hicieron basadas en las mismas leyes que garantizan la impunidad a autores de crímenes contra la humanidad. En ese marco, se la considera una “camisa de fuerza” y su objetivo una “reconciliación forzada”. Todo ello le resta posibilidades a la participación de más organizaciones de víctimas, sectores sociales y de derechos humanos.

3.Ausencia de reconocimiento y condena frente a la opinión pública

Un problema que enmarca todos los anteriores, es la ausencia de reconocimiento y condena de las desapariciones forzadas, por las autoridades como un problema estructural de la situación de derechos humanos y de derecho humanitario. El Estado colombiano se ha limitado a criticar las cifras de las organizaciones que denuncian, pero no se ha hecho cargo de un diagnóstico oficial que de cuenta de su impacto cuantitativo y cualitativo.

Son escasas en Colombia las producciones audiovisuales que muestren la experiencia de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y sus propuestas de lucha contra las mismas. Los medios de comunicación, aunque se han sensibilizado con temas como el secuestro y la desaparición forzada, raramente divulgan las vivencias, los obstáculos y los logros de las familias consideradas como defensoras de derechos humanos.

[1] La Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, el Estatuto de Roma y este año con la adopción de una Convención sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A nivel nacional la desaparición forzada hace parte de las conductas prohibidas en la Constitución Nacional y en el Código Penal. A esos logros se suma la jurisprudencia sobre casos concretos de víctimas de desaparición forzada adoptada en los últimos veinte años por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la producida por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y por la Corte Constitucional colombiana sobre los derechos de las víctimas.