Análisis sobre las exhumaciones e investigaciones de la Fiscalía PDF Imprimir E-mail
Escrito por Equitas   
Martes, 22 de Agosto de 2006 02:00
Informes y Análisis

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Apreciaciones a las exhumaciones e investigaciones forenses realizadas
por la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación
Agosto de 2006

I. Misión de EQUITAS

EQUITAS es una corporación científica sin ánimo de lucro, dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas por todos los actores del conflicto interno armado en Colombia. Brindamos servicios forenses y psicosociales gratuitos a los familiares de personas desaparecidas desde el 2004, y trabajamos con los representantes legales, asesores jurídicos, asistentes sociales y/o diversas redes de apoyo de víctimas.

El marco de referencia para la misión de EQUITAS son las recomendaciones brindadas por el Proyecto “The Missing” del Comité Internacional de la Cruz Roja1. EQUITAS trabaja con representantes de oficinas gubernamentales, instituciones religiosas, y organizaciones no-gubernamentales nacionales e internacionales, para contribuir creativamente con propuestas al manejo del problema de los desaparecidos en Colombia.

II. Breve panorama actual de exhumaciones e investigaciones forenses por la Unidad Nacional de Justicia y Paz

La Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, obliga a las autoridades de policía judicial a investigar el paradero de personas desaparecidas para información de las familias afectadas . En lo corrido del 2006, la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación ha realizado exhumaciones en varias zonas del país, entre ellos los departamentos de Magdalena y Guajira , de las cuales han sacado aproximadamente 95 cadáveres, y se han identificado de forma indiciaria . Esto significa que ninguno de estos restos se han identificado positivamente—es decir, donde se ha confirmado en un 100 por ciento la identidad de la persona recuperada. Los restos exhumados, que originalmente se debían almacenar en la sede de Barranquilla de la Fiscalía General de la Nación no se han podido trasladar por falta de espacio para tan alto volumen de restos , lo cual ha obligado a la Fiscalía General de la Nación, y en particular a la Unidad Nacional de Justicia y Paz, a solicitar más recursos para desarrollar estas labores . Dicha necesidad se incrementa cuando se tiene en cuenta que esta Unidad tiene información de 1,880 cadáveres enterrados en diversas zonas del país, obtenida por medio de informantes quienes quieren obtener beneficios bajo la Ley de Justicia y Paz , y que grupos paramilitares estan involucrados en el desentierro de restos .

III. Observaciones preventivas sobre exhumaciones masivas

EQUITAS reconoce el enorme esfuerzo que implica desarrollar las exhumaciones masivas realizadas por la Unidad Nacional de Justicia y Paz. Sin embargo, considera que el alto volumen de restos encontrados, además de la celeridad con la que se están desarrollando estas diligencias, son condiciones que pueden llevar a problemas en el actual manejo de estos restos y en la posterior identificación de las victimas.

Algunas de estas consideraciones son:

1. Respecto al actual desentierro masivo de fosas

a información de prensa permiten inferir que:
a. No se estan realizando identificaciones positivas. Solo se han identificado indiciariamente 70 cadáveres de los 95 exhumados por la Unidad Nacional de Justicia y Paz . Esto quiere decir que ninguno de los restos exhumados por la Unidad Nacional de Justicia y Paz han sido identificados positivamente. Como tal, no existe posibilidad de que estos se entreguen a sus familiares. Esto se debe en gran parte a que no existe un registro de personas desaparecidas funcional y completo, del cual se pueden extraer posibles identidades para los cadáveres exhumados.
b. El alto número de restos esta causando sobrecargas en las oficinas de investigación judicial. No se cuenta con el espacio adecuado para almacenar y analizar el alto número de restos exhumados por la Unidad Nacional de Justicia y Paz . Esto ha llamado la atención de medios de comunicación internacionales . Por otra parte, implica un problema logistico serio que ninguna entidad estatal esta en condiciones de atender, particularmente en lugares apartados de las grandes ciudades. La información disponible en medios de comunicación no permite establecer cual es la infraestructura disponible que respalde el manejo de cadena de custodia de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de los restos exhumados, comenzando con la correcta individualización de los restos para efectos de embalaje y rotulación adecuados, el transporte y almacenamiento seguro de estos, y la rigurosa documentación que sucede desde el desentierro de los restos hasta su depósito en bodegas autorizadas por un experto forense . Por otra parte, ni existe personal suficiente para atender estos casos, como antropologos forenses que pueden ayudar en las labores de exhumación y trabajo de laboratorio.
c. No existe protección adecuada por parte de la fuerza pública de las zonas donde se tiene información de la existencia de cementerios clandestinos. El desentierro de fosas por parte de las miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia en las mismas zonas donde la Unidad Nacional de Justicia y Paz esta realizando exhumaciones implica que no existe una protección continua de los posibles lugares de desentierro. Esta situación no se atiene a protocolos de las Naciones Unidas en materia de investigación forense , ni a recomendaciones realizadas por el Proyecto “The Missing” del Comité Internacional de la Cruz Roja.

2. Problemas potenciales en la situación actual

La información de prensa nos permite establecer que:
a. No es claro que exista un plan nacional de búsqueda que articule las exhumaciones realizadas. La información obtenida por los medios de comunicación no permite establecer que todas las exhumaciones realizadas por la Unidad Nacional de Justicia y Paz se estén desarrollando cumpliendo las fases de toda búsqueda: documentación, búsqueda, recuperación, análisis e identificación. Esto esta claro en la falta de planeación para el almacenamiento adecuado de los restos y la falta de resultados en materia de identificación.
b. Existe el riesgo de que se estén generando NNs. Al no disponer de la información necesaria para identificar los restos recuperados, estos se vuelves cadáveres sin identificar, o NNs. Dicha situación es prevenible en la medida que la Unidad Nacional de Justicia y Paz hubiera podido identificar a las personas de forma inmediata por medio de un registro único. La existencia de NNs en las condiciones actuales de busqueda arriesgan a una doble desaparición, en la medida en que no existen cruces efectivos por parte de las autoridades, no son clasificados adecuadamente, y pasan en el mejor de los casos a ocupar un lugar en la parte de atrás de cementerios municipales.
c. La celeridad en las exhumaciones realizadas no garantiza la rigurosa excavación para garantizar la recolección de todos restos óseos y evidencia asociada. Se argumenta por parte de las autoridades la urgencia de exhumar restos aprovechando la información disponible y el riesgo a que tumbas y cuerpos sean alterados o destruidos por los actores armados. Sin embargo, la celeridad con la que se están realizando las exhumaciones en situaciones complejas de cementerios clandestinos supone el riesgo recuperaciones no exhaustivas de restos óseos y evidencia asociadas. La rigurosidad en el abordaje en la clasificación de fosas secundarias es señalado por el Protocolo de Minnesota de 1991 . La intervención arqueológica en una zona es por definición destructiva del terreno, y la información que se pierde en este proceso no es recuperable. Por tanto, es indispensable que se realice estas excavaciones de la forma más completa posible. De lo contrario, aunque se tenga información suficiente para determinar identidad y posibles condiciones relacionadas a la causa y manera de muerte, no se tendrán elementos para determinar la formación del lugar de entierro ni patrones de disposición de restos, (por ejemplo, si se trata de entierros primarios o secundarios) que a su vez pueden revelar información sobre los tiempos y número de entierros, actividades de los perpetradores y las cadenas de comando involucradas en el crimen .
d. No es claro que se en cada cementerio clandestino se estén exhumando todos los restos enterrados en este lugar. El modus operandi de los actores armados es depositar los restos de personas desaparecidas en sitios dentro de sus áreas de control que durante el transcurso de los años se convierten en cementerios clandestinos. Como tal, en zonas donde se encuentren fosas comunes, es posible que existan muchas más concentradas en el mismo lugar. Aunque es evidente que la Unidad Nacional de Justicia y Paz esta recuperando muchos restos en cada zona de exhumación, no es claro si se estan retirando la totalidad de los restos o si se consideran los patrones y el contexto especifico en las practicas de los grupos armados al cometer este delito de manera sistemática y generalizada. En esta situación pueden quedar algunos restos vulnerables al desentierro por parte de terceros.
e. No es claro, si la celeridad en la actuación de las autoridades responde a la creación de entierros secundarios por parte de grupos paramilitares, o por un reciente interés por parte de desmovilizados por dar información al respecto. La información presentada en medios de comunicación no permite establecer si las fosas desenterradas por grupos paramilitares estan siendo examinadas de forma rigurosa. En otros escenarios de violencia política, aún cuando los perpetradores han desenterrado fosas, como en la antigua Yugoslavia, se pueden encontrar restos óseos o información útil en la determinación del desentierro . Por ejemplo, en Bosnia-Herzegovina, el análisis de polen contenido en restos óseos y muestras de suelo permitió identificar la formación de entierros secundarios .
f. No es claro que se este sistematizando la información recogida de informantes y testigos respecto a la ubicación de fosas comunes. La información de medios no permite determinar como se esta conservando la información obtenida por informantes y testigos. Es necesario guardar digitalmente esta información para poder optimizarla con otras líneas de evidencia (por ejemplo, utilizar imágenes satelitales y fotografías aéreas para determinar otros posibles lugares de entierro en la zona), además de cruzarla con registros de desaparición. Tampoco hay claridad de cómo se centraliza la informacion para crear un registro unico de entierros a nivel nacional, lo que supondría falta de control en la coordinación de las exhumaciones a nivel nacional por parte de diferentes autoridades.
g. Se tiende a considerar la exhumación como un fin y resultado en si mismo. Los artículos de prensa enfatizan que la Fiscalía General de la Nación tiene información sobre la ubicación de al menos 1,880 cuerpos. Lo que no es claro es que ocurre con estos restos luego de exhumados, que seguimiento tienen en materia de cadena de custodia, análisis y si en realidad son devueltos a los familiares, o si se convierten en material probatorio para procesos judiciales. El hallazgo de restos es considerado como un “positivo,” independiente de los resultados que tengan en materia de identificación e investigación judicial.

3. ¿Qué se requiere en el escenario actual en la Ley 975 del 2005?

a. Todas las exhumaciones deben estar articuladas a un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Este plan debe constar de cuatro fases específicas: documentación, búsqueda, recuperación, análisis e identificación. Cada fase consta de actividades específicas realizadas por responsables identificados (ver Documento EQUITAS sobre Estrategia de Búsqueda). Actualmente en Colombia no existe una estrategia coordinada por todas las entidades estatales dedicadas al tema de desaparición, lo cual históricamente ha llevado que el Estado colombiano no produzca resultados efectivos en materia de búsqueda y hallazgo de personas desaparecidas debido a la falta de claridad en las funciones, duplicación de actividades, falta de trabajo interinstitucional, entre otros.
b. Se debe tener un registro funcional de personas desaparecidas. El no tener un registro completo y operativo de personas desaparecidas obstaculiza cualquier plan de búsqueda, ya que sin este muchas vences es imposible identificar los cadáveres recuperados, creando la situación alarmante de NNs en Colombia . Sólo con documentación y con información del mayor número de personas que hacen parte del “universo general” de las personas desaparecidas se puede garantizar el éxito de la identificación posterior a la exhumación . Para las labores de recuperación de restos, desconocer a quién se esta buscando implicará la formación de NNs, lo cuál significa el fracaso investigativo de una misión forense.
c. La identificación debe ser el objetivo fundamental de toda exhumación. La identificación, junto al análisis físico de los restos, es la esencia de la exhumación. La recuperación de un cuerpo no puede considerarse como un “resultado positivo” por si solo; el estándar de éxito es la identificación. Como tal, las bodegas de almacenamiento de restos se deben considerar depósitos temporales con periodos de tiempo definidos, y se deben abordar con todas las regulaciones de conservación de restos óseos , además de los componentes éticos de guardar restos en estas condiciones. Lo ideal no es invertir en las fases iniciales de una investigación en infraestructura física como bodegas, sino en labores de documentación de personas desaparecidas para poder llegar a la identificación. También debe considerarse prioritario un análisis de restos que aporte a la comprensión sobre causa y manera de muerte, de manera que se contribuya con material probatorio en posteriores procesos de verdad y justicia.
d. Ni la tecnología, ni los sistemas de información en si mismos son la solución al problema. Es fundamental enfatizar un plan de investigación o búsqueda para cada tipo de caso, según el contexto y los patrones encontrados. Deben conformarse equipos expertos interdisciplinarios no solo para realizar las exhumaciones, sino especialmente para diseñar las investigaciones que conduzcan a aclarar a quien corresponden los restos encontrados, que les ocurrió y quien lo hizo.
e. Deben priorizarse las zonas de exhumación que requieren de una intervención urgente con la aplicación de metodología apropiadas. Los casos a priorizar deben ser aquellos donde la evidencia corre el riesgo de ser destruida o alterada por perpetradores, como se ha visto en algunas zonas de la Costa Atlántica. Dicha priorización debe realizarse no solo por la escasez de infraestructura, recursos económicos y personal capacitado, sino también para minimizar los riesgos de errores en la manipulación y el proceso de identificación. Incluso, mientras mas urgente sea una intervención, mejor planeada debe estar. Debido a esta situación y grados de prioridad, deben aplicarse metodologías idoneas para estos casos, como aquellas para el manejo e investigación forense en situaciones de desastre, que concentran todas las fases del plan nacional de búsqued . La metodología para manejo e investigación forense en situaciones de desastre concentran todas las fases del plan nacional de búsqueda, adecuadas a una situación de emergencia . Los estándares de acción coordinada, eficiencia de procedimientos, y respuesta rápida en manejo de desastres masivos se deben replicar en las exhumaciones realizadas en condiciones de urgencia. Estas metodologías permiten además de una respuesta rápida y adecuada, la optimización de tiempo y recursos, la recuperación rigurosa de restos y evidencias y la minimización de riesgos.
f. Es necesario que en casos de emergencia se planee exhumar la mayor cantidad de restos posible. Las posibilidades de que un grupo armado desentierre o realice entierros secundarios se puede minimizar al causar alarma sobre otras visitas al país por los medios masivos de comunicación y si se hacen planes para desenterrar todas las personas enterradas en una zona en vez de sacar restos a cuentagotas. Un trabajo completo desde el comienzo, con comunicación estrictamente dirigida a familiares y oficiales de investigación, minimizaría el riesgo de perder la evidencia, o despertar el interés de terceros por destruirla o trastearla.
g. Es necesario que exista una participación continua por parte de las familias todas las exhumaciones e investigaciones forenses. Las participación de las familias es un componente central para los procesos de exhumación, y es crucial para el éxito de las investigaciones forenses . Las familias deben ser una parte activa de todos los procesos de búsqueda, exhumación e identificación , y deben ser comunicadas de todos los adelantos en la investigación.
h. Es necesario que haya veeduría independiente en todas las exhumaciones e investigaciones forenses. La observación científica e independiente ha sido común en todos escenarios de investigación forense masiva a nivel mundial. Esta veeduría es una garantía que los procesos técnicos se realicen de forma adecuada.
i. Las autoridades deben proteger los sitios de desentierro de los restos. No se explica porque no hay una mayor protección de fosas por parte de la fuerza pública, particularmente cuando esta es reconocida como una obligación por parte de entidades internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja .

IV. Conclusión

La Unidad Nacional de Justicia y Paz esta enfrentada con la monumental tarea de recuperar los restos de miles de víctimas de desaparición. Los errores en los que se incurran en las exhumaciones realizadas por la Unidad Nacional de Justicia y Paz pueden llevar a problemas más serios en las siguientes etapas de la investigación, como en la etapa de identificación. El costo científico de no realizar estas investigaciones de forma adecuada es muy alto, debido a que algunos errores son irreversibles.

Todas las exhumaciones deben tener un mismo plan de búsqueda, que consta de documentación, búsqueda, recuperación, análisis e identificación. En los casos de intervención urgente, donde existe el riesgo de perder evidencia, se deben desarrollar estas mismas fases dentro de la metodología de desastres masivos. Para el éxito de ambos escenarios, es indispensable tener una sólida base de documentación. El conocimiento de un universo general servirá de “vara de medición” necesaria para evaluar el éxito de las investigaciones sobre el paradero de personas desaparecidas. En el concepto de EQUITAS, la documentación de personas desaparecidas y la formación de un registro único funcional y operativo debe ser la prioridad de la Unidad Nacional de Justicia y Paz. La única excepción sería los escenarios de urgencia, donde la fase de documentación sucedería en terreno. Si no se abordan las exhumaciones actuales con un plan de búsqueda cimentado en la documentación, en donde se cumplen de forma organizada cada una de las fases anteriormente mencionadas, se comprometen los resultados de estas diligencias, cuyo costo para los familiares de las víctimas es insuperable.