Sin embargo, también en decenas de casos, las denuncias penales en contra de militares hacen parte tan solo de una estrategia de la guerra paralela al conflicto armado y que cada año deja a miles de oficiales, suboficiales y soldados literalmente fuera de combate.

Según estadísticas de las Fuerzas Militares, entre julio del año pasado y julio de este año, alrededor de 3.000 militares fueron vinculados a procesos judiciales como resultado de denuncias, luego de operaciones realizadas por ellos en el territorio nacional. Esta cifra representa un 70 por ciento de las acusaciones contra personal del Ejército. Anualmente, el Ejército realiza en promedio 5.000 operaciones. Hasta julio de 1999 ya iban 2.563.

En opinión de un funcionario de la Justicia Penal Militar: Si el objetivo de una guerra es causarle el mayor número de bajas al enemigo, con esta guerra jurídica que ha hecho carrera en Colombia desde la década del ochenta, los militares son los más damnificados .

El significado de esta afirmación la conoce a fondo el coronel Germán Nicolás Pataquiva García, un oficial del Ejército involucrado en más de 149 procesos judiciales, desde 1990, por la muerte de igual número de personas en San Vicente de Chucurí.

En 1996, el mismo coronel fue capturado cuando salía para Panamá a una misión militar, lo relevaron del mando de la tropa, fue esposado y llevado a Cúcuta y detenido durante 15 días. Luego pasó a un cargo administrativo en Bogotá.

Después de cinco años de batalla jurídica durante los cuales tuvo que vender la casa que no había terminado de pagar, perdió su vehículo y tiene embolatado su ascenso, la Procuraduría ordenó cerrar las investigaciones en su contra y la Fiscalía desvirtuó uno a uno los homicidios que le imputó una ONG. Es una guerra jurídica que pone al Estado contra el Estado dice y que le permite tener estadísticas a ciertos organismos para mostrarlos en el exterior como un trofeo .

Este mismo calvario comenzó hace apenas unos meses para un capitán adscrito a una base militar en Bogotá. En 1996, el oficial comandó en el Urabá antioqueño una operación en la que murieron varios guerrilleros. Ahora, la familia de uno de los muertos elevó una denuncia y sostiene que no era subversivo.

Voluntario La historia se repite: el capitán que pidió reserva de su nombre vendió su vehículo hace 15 días para seguir pagando los honorarios a su abogado y, por ahora, el Ejército lo relevó del mando de tropas.

Casos similares se cuentan por todo el país: un capitán de la Cuarta Brigada de Medellín fue acusado de la muerte de un profesor y de otras dos personas en Ituango (Antioquia). Después de tres meses, en los incluso lo mezclaron con los reos más peligrosos de la cárcel de Bellavista, demostró que no se encontraba en la zona para esa época y quedó libre, pero fue nuevamente acusado por otra operación.

Esta clase de episodios han suscitado incluso un cruce de oficios entre el Ejército y la Fiscalía. Los militares exigen garantías procesales. La Fiscalía responde que solo hace cumplir la ley.

Lo cierto es que ante la certeza de esta guerra legal y conscientes de que los militares implicados en los procesos tienen pocos recursos para su defensa, el Ejército decidió fortalecer el Fondo de Asistencia Jurídica para oficiales, suboficiales, soldados y civiles vinculados a investigaciones. Es una especie de colecta en los cuarteles.

Se trata de un Fondo creado desde 1996 por el entonces comandante del Ejército, Harold Bedoya Pizarro. Su financiación se hace con el aporte voluntario de un día de salario al año cedido por miembros del Ejército. La entidad está controlada legalmente por la Oficina de Inspección de Sociedades del Distrito Capital, tiene un comité de administración, compuesto por presidente, vocal, secretario, tesorero, fiscal y un representante legal, todos ellos militares. El comité es presidido por el general Néstor Ramírez, segundo comandante del Ejército.

Sus antecedentes se remontan a una colecta que a mediados de los años 90 realizó el Ejército para pagar la defensa del general Alvaro Hernán Velandia, destituido en 1995 por presunta omisión en el caso de la desaparición y posterior asesinato de la joven Nydia Erika Bautista, cuando él ocupaba la comandancia de la Tercera Brigada de Cali. La justicia, sin embargo y luego de un polémico proceso, exoneró de todo cargo a Velandia.

El caso de Velandia no ha sido el único. Hasta el pasado 31 de marzo, el Fondo ha apoyado en su defensa a 401 miembros del Ejército, de los cuales 86 han resultado exonerados y otros 44 aún están pendientes de su fallo definitivo. Si no fuera por esta colecta en los cuarteles nos ahogaríamos sin asesoría legal ni apoyo económico , concluye el coronel Carlos Julio Vera (ver nota anexa).

En combate no sentí tanto temor El pasado 21 de mayo, el coronel Carlos Julio Vera, subdirector del Departamento de Operaciones del Ejército, llegó a su casa a las 10 de la noche. Su hijo mayor lo recibió con un abrazo y le recordó su promesa de celebrarle ese día su cumpleaños número 13.

Cuando la familia del oficial estaba reunida, lista para apagar las velas del ponqué, agentes del CTI ingresaron abruptamente al edificio e interrumpieron la celebración. Coronel, usted tiene una orden de captura y necesitamos que nos acompañe , le dijeron al oficial que, atónito, contemplaba el gesto de sorpresa en los rostros de sus invitados. Luego lo condujeron a los calabozos de la Fiscalía. Horas después fue dejado libre, gracias a los oficios del Fondo de Asistencia Jurídica del Ejército.

Vera está cuestionado por una operación de 1997 en la zona bananera del Magdalena, cuando se desempeñaba como comandante del batallón Córdoba. El proceso sigue en investigación.

Como militar he participado en muchos combates, pero nunca sentí tanto temor como la noche que me capturaron en mi propia casa , afirma. A sus 47 años, con múltiples condecoraciones en orden público, Vera solo espera que lo llamen a calificar servicios. Mi prestigio y mi honra quedaron pisoteadas, agrega, y eso no me lo devuelve un titular de un noticiero. Si no fuera por el Fondo nos ahogaríamos y no tendríamos ninguna asesoría , concluye.