Trece años después y a raíz de una tutela interpuesta por la familia de Nydia Bautista, la Corte Constitucional ordenó hace dos semanas que todos los casos en la corte de justicia penal militar ligados al abuso de los derechos humanos sean transferidos a la justicia ordinaria.

El fallo judicial coincide con uno de los condicionamientos del Plan Colombia, que exige como requisito para el desembolso del aporte de E.U. que los violadores de derechos humanos sean juzgados por jueces civiles. En la reunión sostenida el viernes pasado entre las principales ONG de derechos humanos colombianas y funcionarios de la Embajada de E.U. para certificar a Colombia en derechos humanos, las organizaciones dijeron que este requisito no se estaba cumpliendo.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas habían advertido en el pasado que los delitos de lesa humanidad debían ser juzgados por autoridades civiles para evitar que quedaran impunes.

El caso La vinculación de militares a este caso fue denunciada en enero de 1990 por Bernardo Alfonso Garzón, quien fue miembro de la Brigada XX del Ejército. En ese entonces, el subalterno imputó como responsable de la desaparición de Bautista al General Alvaro Velandia Hurtado, quien comandaba la brigada en ese momento.

(Velandia fue condecorado con la Orden de Boyacá por el entonces Presidente Samper solo 5 días después que la procuraduría ordenara su destitución.) Gracias a la declaración de Garzón, el cuerpo de Nidia Bautista apareció 3 años después enterrado como NN en el cementerio de Guayabetal maniatada, violada, con rastro de tortura y asesinada con un tiro de gracia.

El caso de Bautista fue a dar a los juzgados militares después de que el comandante de la Brigada 20 lograra que el Consejo Superior de la Judicatura fallara que su caso lo estudiara un tribunal militar.

Ahí permaneció estancado el caso por tres años hasta que la familia de Bautista interpuso una tutela que desembocó en la decisión de la Corte Constitucional que traslada a la justicia ordinaria los abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas militares.

Sobre todo el caso, Yanette Bautista, de 38 años, hermana de Nydia, dijo: "Quiero rescatar su dignidad que ha sido calumniosamente denigrada por los militares."

Según Yanette Bautista, el hijo de Nydia Erika Bautista, Erick Arellana, de 24 años, y ella, están exiliados en Alemania hace más de tres años por continuas amenazas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Con este fallo, todos los casos de abusos de derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública serán juzgados por jueces ordinarios, satisfaciendo así el clamor que desde hace años tienen las familias de desaparecidos y los organismos internacionales de derechos humanos.