Este organismo humanitario es quizás el único que presta esta clase de mediación, por lo que el dato resulta alarmante.

"Para algunos civiles esto significa dos o tres años de no saber nada acerca de sus familiares", dijo ayer, al presentar el informe a la prensa, Juan Pedro Schaerer, delegado en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr).

Así mismo, el Comité informa que en el 2004 le "fueron entregados tan solo 13 rehenes liberados".

Fondelibertad, la dependencia gubernamental encargada del tema, tiene registros que señalan un altísimo número de plagios desde 1998 (3.023 personas), el que se disparó en el 2000 (3.706 personas). El año pasado, esta atroz practica bajó, aunque sigue siendo alta (1.441 personas).

El caso de las desapariciones forzadas igualmente resulta alarmante, pues el Cicr registra que el año pasado recibió 279 nuevos casos, "que se suman a más de 2.000 desapariciones documentadas desde 1994 en relación con el conflicto armado". Esta cifra, advierte este organismo, incluye únicamente los casos conocidos por la institución "y no pretende ser exhaustiva", aunque evidentemente muestra una tendencia.

El Comité considera que la desaparición persiste "como método de intimidación contra la población civil en Colombia". Y dice que este tema específicamente "debería ocupar un lugar privilegiado en el marco de los procesos de negociación entre el Estado y los grupos armados organizados".

Las estadísticas que se manejan en Colombia registran que así como las guerrillas son las responsables de la mayoría de los secuestros, los paramilitares recurren ordinariamente a las desapariciones forzadas. Algunas estadísticas atribuyen esta última práctica incluso a agentes estatales.

En 20 años

En Colombia desaparecieron al menos 25.000 personas en los últimos 20 años, según informes de la Fiscalía General citados ayer por Radio Caracol.

"El jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González León, reveló que sólo durante los últimos 16 meses la entidad ha recibido 17 mil denuncias de personas que fueron desaparecidas, principalmente por parte de los grupos paramilitares", afirmó la emisora.

La emisora comparó esa cifra con las "tres mil personas" desaparecidas en Chile bajo el régimen de Augusto Pinochet y con las "cerca de 13.000 personas" en la dictadura argentina de 1976 a 1983. Según organismos de derechos humanos en Argentina desaparecieron 30.000 personas. León dijo que los paramilitares fueron los principales perpetradores de las desapariciones, junto con "los grupos guerrilleros, los carteles del narcotráfico y hasta la delincuencia común", que "han decidido asesinar y enterrar en fosas comunes a sus enemigos".

La cifra se conoce un día después de que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) diera a conocer, a propósito de un caso específico en la población de Trujillo, que tiene un "registro provisional" de 2.505 masacres con 14.660 víctimas entre 1982 y 2007.

"Colombia ha vivido no sólo una guerra de combates, sino también una guerra de masacres. Sin embargo, la respuesta de la sociedad no ha sido tanto el estupor o el rechazo, sino la rutinización y el olvido", describió el informe.

Para el caso específico de la llamada Masacre de Trujillo, la comisión encontró que entre 1988 y 1994 "en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío se registraron 342 víctimas de homicidio y tortura".

La protesta que inició poco antes del medio día contó con el apoyo de algunas organizaciones como Victimas del Conflicto Armado en el Magdalena, cuya vocera Sara Hernández denunció que la decisión del presidente Álvaro Uribe los deja con una incertidumbre ya que se favoreció un delito como el narcotráfico sobre el proceso de justicia y reparación de las victimas de la violencia.

"Estas verdades se van a interrumpir ante la decisión de extraditar a los jefes paramilitares. Ahora quien va a decir la verdad", dijo Hernández.

También se escuchó la voz desesperada y angustiosa de Zulma Chacin, esposa de Julio Henríquez, un campesino asesinado en el 2001 en el sector de Guachaca, área rural de Santa Marta, por las autodefensas de Hernán Giraldo y cuyos restos fueron entregados en enero de este año: "Nunca sabré porque lo mataron", manifestó en tono desconsolado la mujer.

La protesta que fue denominada como una galería de dolor para que no se olvide a las víctimas de los paramilitares y sus derechos vulnerados estuvo concurrida por samarios desprevenidos que se acercaron a las rejas que protegen la Gobernación para mirar las fotos expuestas. Según los manifestantes en la Sierra Nevada hay mas de tres mil fosas comunes, que ahora con la decisión del presidente Uribe no se conocerán las identidades de los allí enterrados y mucho menos el porque fueron sacrificados así.

SANTA MARTA