LA DESAPARICIÓN FORZADA es humanamente terrible; un día cualquiera, una persona es violentamente sustraída de su entorno y se pierde todo su rastro.
Sus familiares empiezan entonces angustiantes búsquedas, en general infructuosas, pues los captores ocultan cualquier información sobre la suerte del desaparecido. La persona parece haberse desvanecido en la noche y en la niebla. Sus familiares quedan entonces en una horrible incertidumbre: temen lo peor, pues saben que la mayor parte de los desaparecidos son asesinados; pero no pueden tampoco dejar de buscar a su ser querido. La vida queda suspendida en una eternidad de dolor.
Un solo caso de desaparición forzada es ya inaceptable en una democracia. Pero en Colombia han ocurrido decenas de miles, la mayor parte cometidas por grupos paramilitares y agentes estatales. Aunque nadie tiene una cifra exacta, pues es un crimen poco documentado, el Conpes 3590 del año pasado ya hablaba de 27.000 casos en el Registro Nacional de Desaparecidos. Pero el drama puede ser mayor: la Fiscalía señaló recientemente que en los últimos 20 años habrían ocurrido cerca de 50.000 desapariciones, una cifra muy superior al total de las perpetradas por todas las dictaduras del Cono Sur.
La dimensión de la desaparición forzada en Colombia es (o debería ser) un escándalo ético y político, que debería provocar la movilización de toda la sociedad para sancionar a los responsables y ayudar a los familiares en su búsqueda. Pero desafortunadamente no es así. Los familiares de los desaparecidos suelen enfrentar la indolencia de la mayor parte de las autoridades y de la sociedad, o incluso su abierta hostilidad.
Un ejemplo reciente: después de muchos esfuerzos, el Congreso aprobó una ley de homenaje a los desaparecidos y sus familias, la cual prevé instrumentos técnicos y jurídicos importantes, como la estructuración de un banco genético, que favorece las labores de identificación. El Presidente objetó esa ley, con el argumento de que implicaba gastos para el Estado. O sea que para el Gobierno no hay plata para buscar a los desaparecidos, pero en cambio se desperdician millonarios recursos con exenciones tributarias o subsidios indebidos, como los de “agroingreso seguro”. Afortunadamente la Corte Constitucional, en la sentencia C-238 de 2010, no aceptó la tesis gubernamental y le ordenó al Presidente sancionar la ley.
En ese contexto, la semana pasada se celebró en Bogotá un importante encuentro internacional sobre el tema: el II Congreso Mundial sobre exhumaciones en casos de desapariciones, que buscó, entre otras cosas, establecer unas normas mínimas de trabajo psicosocial en estos casos. Pero esa reunión no recibió la debida atención de los medios. Es como si sectores importantes de la sociedad y el Estado colombianos quisieran ignorar la escandalosa magnitud de la desaparición forzada en Colombia.
Por eso, ahora que la campaña presidencial empieza en serio, bien valdría la pena que exigiéramos a los distintos candidatos que nos explicaran qué piensan hacer frente a este terrible drama de la desaparición forzada. Y que todos los colombianos estuviéramos atentos a sus respuestas.
Algunos dirán que este tema es poco popular y demasiado espinoso, por lo cual es ingenuo pedirle a un candidato que se pronuncie al respecto. Es posible. Pero creo que hay temas que miden la visión ética de un líder; la desaparición forzada es uno de ellos. Y es que en Colombia deberíamos empezar a defender una concepción de la política como la sostenida por Leandro Alem, el fundador de Unión Cívica Radical argentina: frente a la tesis usual de que en política no se hace lo que se quiere sino lo que se puede, Alem proponía una tercera fórmula: en política, como en todo, se hace lo que se debe.
* Director del Centro de Estudio DeJuSticia (www.dejusticia) y profesor de la Universidad Nacional
(tomado de El Espectador, columna Opinión| 26 Abr 2010) |
A mediados de abril, el Senador Jairo Clopatofsky Ghisays presentó en el Senado la ponencia para la ratificación de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.
